Estoy acusada, del grave delito de PECULADO, por no haber aplicado normas jurídicas imposibles de aplicar, en la contratación y pago de honorarios al abogado impulsador de los juicios de coactivas, para recuperar la cartera vencida de los bancos privados en saneamiento, cuando desempeñé las funciones de Gerente General de la Agencia de Garantía de Depósitos, entre marzo del 2003 y marzo del 2004. En efecto, la Contraloría General del Estado me acusó de no haber aplicado la ley de Contratación Pública en el contrato con el abogado impulsador; y, la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Quito, me acusó de PECULADO por el monto total de los honorarios pagados al abogado impulsador, con el ilegal argumento de que la AGD ha debido pagar en primer lugar a todos los acreedores de la banca cerrada, para después de ello, cancelar los honorarios al abogado impulsador, exigiendo tanto en la contratación como en el pago de honorarios, procedimientos contrarios a los que disponen las leyes propias de la materia, fallando en los dos casos en contra de leyes expresas.
En base a las acusaciones sin fundamento realizadas en mi contra por la Contraloría, hecho que fue reconocido incluso por el Tribunal Penal, en su fallo del 28 de mayo del 2007, como lo veremos más adelante, el Directorio de la AGD, tomó la decisión de removerme de la Gerencia General de esa Institución, el 31 de marzo del 2004, para a renglón seguido desbaratar los equipos de trabajo que habíamos constituido, tratando de dar con el paradero y de recuperar los alrededor de ocho mil millones de dólares, en que fuimos perjudicados todos los ecuatorianos, por un grupo de banqueros, en complicidad con los gobernantes de turno en la crisis financiera de 1999. Las acusaciones infundadas de la Contraloría, dieron inicio a la persecución de la que soy víctima hasta ahora, por parte de varias instituciones, que en lugar de defender mis derechos humanos, como es su obligación, los han violado sistemáticamente.
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