PERSECUCIÓN A WILMA SALGADO

UNA MENTIRA CIEN MIL VECES REPETIDA NO SE TRANSFORMA EN VERDAD.

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Frente a la posibilidad de que la Asamblea Nacional Constituyente, atendiendo el pedido del señor Presidente de la República, Economista Rafael Correa Delgado, conceda amnistía a varios ciudadanos y ciudadanas, entre los que el señor Presidente tuvo la generosidad de incluirme, el señor Fiscal General de la Nación, y los medios de comunicación han difundido la acusación de que la suscrita habría cometido el delito de PECULADO, razón por la que no cabría la concesión de la amnistía.

En realidad señores Asambleístas, no he cometido ningún delito, peor el de PECULADO por el que se me acusa; eso lo reconoció el Juez Cuarto de lo Penal en el auto de sobreseimiento que se encuentra confirmado por el ministerio de la ley, desde el 1 de noviembre del 2005, esto es desde hace más de 26 meses. En dicho auto se reconoce que:

1.Los honorarios pagados al abogado impulsador de los juicios de coactiva para recuperar la cartera vencida de los bancos privados en saneamiento, fueron realizados en el marco del reglamento de coactivas vigente. Dichos honorarios se encuentran justificados con la cartera recuperada y contabilizada al 12 de febrero del 2004, por 163.9 millones de dólares. El 3% de honorarios ascendería a 4.9 millones, cifra superior a la efectivamente pagada por 4.1 millones, la mayoría (2.6 millones en certificados de pasivos garantizados, que sufrían un 40% de descuento para transformarse en efectivo). Dichos recursos sirvieron para cubrir los gastos de personal del juzgado de coactiva, así como las investigaciones realizadas, como paso previo a los embargos y las incautaciones.

2.El marco legal aplicado en la contratación del abogado de coactiva por la suscrita fue el correcto; esto es, contratación directa en el marco del Art. 32 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica Financiera y Tributaria. Ello fue ratificado en el pronunciamiento del Procurador General del Estado. Esto significa que no tenía que realizar ningún procedimiento precontractual, peor el exigido por la Ley de Contratación Pública, como me acusaran la Contraloría, la Fiscalía y la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia. Por transparencia realicé un proceso de selección, escogiendo la tarifa de honorarios más baja del mercado, del 3%, los mismo que son finalmente pagados por los deudores, como manda el Código de Procedimiento Civil, y no por las instituciones dueñas de la cartera, como sucedía en el contrato que estaba vigente por escritura pública, cuando fui nombrada Gerente de la AGD, con el Banco Pichincha, con un honorario del 50%.

3.El Procurador General del Estado reconoció además que no cabe aplicar el orden de prelación exigido por la Corte Superior de Justicia, en su nulo auto de llamamiento a juicio. Según el mismo, el abogado impulsador habría tenido que cobrar los honorarios luego de que la AGD pague a todos los acreedores de la banca. Para cumplir las exigencias de la Corte Superior realizadas en su nulo auto de llamamiento a juicio, se debía encontrar un profesional o empresa dispuestos a cometer los siguientes disparates:

a.En el marco de la Ley de Contratación pública, depositar en la AGD, un anticipo del 5% de la cartera por recuperar, esto es por lo menos 100 millones de dólares, como garantía de que recuperaría deudas calificadas de irrecuperables por la propia Superintendencia de Bancos, concentradas en empresas vinculadas a los banqueros, la mayoría de las cuales ya habían sido disueltas y liquidadas cuando fui nombrada Gerente de la AGD, en marzo del 2003,

b.Gastar con sus propios recursos el costo de la recuperación de cartera; y

c.Ponerse a la cola de los acreedores de la instituciones financieras, para que luego de que la AGD les devuelva sus ahorros, hecho que no sucede hasta ahora, recupere el 3% de honorarios, esto es una fracción del 5% depositado como garantía!!!!

Ese absurdo, es el contenido del ilegal auto de llamamiento a juicio, dictado fuera del plazo establecido en el Art. 348 del CPP, razón por la que dicho auto es NULO, así como lo es la sentencia del Tribunal Segundo de lo Penal, dictada en mayo del 2007, sin competencia, puesto que ya tenía derecho al fuero de Corte Suprema en calidad de Parlamentaria Andina, dignidad para la que el pueblo ecuatoriano tuvo la gentileza de elegirme. El Pleno del Tribunal Supremo Electoral reconoce el derecho a fuero de Corte Suprema que me protegía desde la inscripción de la candidatura a Parlamentaria Andina, en agosto del 2006. La inmunidad y el fuero son derechos irrenunciables y objetivos, que toda autoridad tiene que respetarlos, protegiendo la decisión del pueblo soberano, expresada en las urnas, a pesar de lo cual, en mi caso, esos derechos también han sido irrespetados.

NO HE COMETIDO NINGUN DELITO, señores Asambleístas y pueblo ecuatoriano, peor el grave delito de PECULADO por el que se me acusa sin fundamento legal ni material alguno. NO TENGO NINGUNA SENTENCIA EJECUTORIADA, como de manera malintencionada y sin fundamento han publicitado los medios de comunicación. LO UNICO FIRME QUE TENGO ES UN AUTO DE SOBRESEIMIENTO CONFIRMADO POR EL MINISTERIO DE LA LEY DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2005, que ha sido igualmente irrespetado.

Lo único que exijo es que el Estado cumpla con su obligación constitucional de respetar y hacer respetar mis derechos humanos, absolutamente conculcados en el injusto proceso penal que se sigue en mi contra, como lo han reconocido instancias competentes como la Defensoría del Pueblo y el Pleno del Parlamento Andino. Retorné a mi país, a exigir justicia, y a denunciar la persecución de la que vengo siendo víctima desde hace más de cuatro años, por haberme atrevido a defender el interés público, impidiendo la prescripción de las deudas y demostrando que si se puede cobrar a los hasta entonces, intocables delincuentes de cuello blanco, cuyos socios, empleados, testaferros y tinterillos los defienden.

NO VINE A PEDIR FAVORES, señores Asambleístas, VINE A EXIGIR JUSTICIA Y DEMOSTRARÉ MI INOCENCIA, ante la instancia que sea necesario. Estoy demandando EL DERECHO A LA DEFENSA que me ha sido negado por la administración de justicia, JAMAS RENUNCIARÉ A DEFENDER MIS DERECHOS CONCULCADOS, ASI COMO DEFENDI, DEFIENDO Y DEFENDERE LOS INTERESES DE TODO EL PUEBLO, ATROPELLADOS POR UN GRUPO DE BANQUEROS Y SUS COMPARSAS, CUYOS DELITOS HAN QUEDADO EN LA MAS ABSOLUTA IMPUNIDAD HASTA AHORA.

Wilma Salgado Tamayo.
Parlamentaria Andina
Quito, Marzo de 2008.

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