PERSECUCIÓN A WILMA SALGADO

WILMA SALGADO, VICTIMA DE PERSECUCION POLITICA SEGÚN INFORME DE COMISION DE ASAMBLEISTAS.

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El Informe Jurídico presentado por los doctores Nelson López Jácome y Marisol Peñafiel, Asambleístas miembros de la comisión designada por la Mesa 10 de Legislación y Fiscalización de la Asamblea Nacional Constituyente, encargada de analizar la petición de amnistía para la suscrita, por parte del señor Presidente de la República, Dr. Rafael Correa Delgado, luego de la investigación sobre la acusación por el delito de PECULADO, que sin fundamento alguno pesa en mi contra, llega a la conclusión general de que:

11.7 “No existió infracción, no hay delito, el proceso fue creado, ideado voluntariamente para perseguir políticamente a la Dra. Wilma Salgado Tamayo”.

Además dicho informe contiene las siguientes conclusiones específicas:

12 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS:

1.- “El auto de Sobreseimiento Provisional del Proceso y de los imputados dictado por el señor Juez Cuarto de lo Penal de Pichincha, se encuentra ejecutoriado, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 348 del Código de Procedimiento Penal, por tanto debió ser confirmado en todas sus partes por efectos del Ministerio de la Ley”

2.- “La Segunda Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Quito, al revocar el auto de sobreseimiento provisional, ha fallado contra norma expresa, contenida en el Art. 348 del Código de Procedimiento Penal, violentando la Garantía del Debido Proceso y el Derecho de Defensa”.

3.- “La Contraloría General de la Nación, en forma consciente y voluntaria desconoce que la Ley de Reordenamiento en materia Económica por la cual se creó la AGD, es una ley especial, y en consecuencia la contratación por servicios profesionales no debió someterse a la Ley de Contratación Pública, que es de carácter general”.

4.- “Al no haberse contravenido norma legal o reglamentaria en el proceso de contratación, no existe ninguna infracción penal en la suscripción del contrato por servicios profesionales para el ejercicio de la acción coactiva cuyo objeto consistía en recuperar la cartera vencida de los bancos privados en saneamiento, por estar sujeta a lo dispuesto en el Art.
32 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, por la cual se creó la AGD, y no por la Ley de Contratación Pública”.

5.- “Las contrataciones de abogados de coactivas son directas, siendo innecesarios los informe previos del Procurador y del Contralor, propios de la Ley de Contratación Pública y del Art. 23 de la Ley de Reordenamiento, que tampoco se aplica en este caso”.

6.- “Los honorarios cuyo pago fue autorizado por la Dra. Salgado, en la calidad de jueza de coactivas, se encuentran ampliamente justificados con el monto de cartera recuperado y contabilizado hasta el 12 de febrero del 2004, esto es, US $ 163´916,620.00 El 3% de honorario asciende a US $ 4´917,498.62”.

7.- “No se le ha reconocido fuero tanto como Juez de Coactiva y como Candidata y Parlamentaria Andina”.

8.- “El Ministerio Público ha sido utilizado como un instrumento de persecución política en contra de la imputada”.

9.- “Se evidencia en los hechos que el proceso penal es forjado en contra de la Dra. Wilma Salgado Tamayo, y es indudable que ha sido perseguida políticamente”.

El informe de la Comisión de Asambleístas es absolutamente claro en reconocer el hecho de que soy víctima de una persecución política por parte de banqueros y deudores vinculados a dichos banqueros, utilizando instancias judiciales; a pesar de ello, se sigue retardando la concesión de amnistía a mi favor, por la incidencia y las presiones que ejercen sobre algunos Asambleístas los sectores vinculados a la banca y a las instancias judiciales que defienden sus intereses.

Por lo expuesto, pido a las ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la justicia, se dignen brindarme su apoyo para terminar con esta infame persecución que ya dura alrededor de cinco años, enviando mensajes al Economista Alberto Acosta, Presidente de la Asamblea, a la dirección alacosta48@yahoo.com y a la Dra. María Paula Romo, encargada de la presidencia de la Mesa 10, paularomo@gmail.com para exigirles coherencia, entre su discurso de lucha contra la corrupción y por la defensa de los derechos humanos, aplicándolos en la práctica, en mi caso concreto.

Porque también tengo derecho a tener PATRIA.

Dra. Wilma Salgado Tamayo
Parlamentaria Andina

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